Los fallos judiciales que truncaron dos "jugadas" clave para el alperovichismo -la ley que autorizaba al Instituto Provincial de la Vivienda a eludir las licitaciones y el proceso de destitución contra el tribunal del caso de María de los Ángeles Verón- resonaron como un irritante chirrido en los oídos de varios legisladores oficialistas. Por lo bajo, en el cuerpo se quejan porque consideran que el Poder Legislativo pagó altos costos políticos en el cierre de 2012 y el inicio de 2013. Por eso, en la bancada Tucumán Crece ya se habla de una reunión de bloque para el martes próximo, para discutir estos temas y tratar de "no quedar expuestos otra vez", afirmaron las fuentes consultadas por LA GACETA.

Los alperovichistas, eso sí, aclararon que no existe un afán por generar un desencuentro con el Poder Ejecutivo (PE). Pero sí advierten que no están de acuerdo con los últimos pasos -y órdenes- que dio la Casa de Gobierno.

El trago más amargo

El titular subrogante de la Legislatura, Regino Amado (PJ), aseguró que, más allá de las versiones, no hay enojos en el oficialismo. "Sí molesta que, a veces, cuando la Justicia falla a favor del Gobierno, nos dicen que es un Poder adicto o que nos entrometemos; y cuando falla contra nosotros también se nos critica. La realidad es que el cuerpo siempre ha respetado las decisiones de los jueces", dijo el monterizo ante una consulta.

El trago más amargo de 2013 para la Cámara fue -quizás- la suspendida acusación de la comisión de Juicio Político de la Cámara contra los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Los magistrados absolvieron en diciembre a 13 acusados en el caso de Marita; la madre de la joven secuestrada, Susana Trimarco, inició los trámites para la destitución del tribunal. Recibió el apoyo de Alperovich, y el comité, dirigido por el ex vicegobernador mirandista Sisto Terán, elevó el expediente contra Piedrabuena y Romero Lascano al Jury de Enjuiciamiento. Una cautelar dictada por la Corte Suprema (integrada por jueces de primera instancia) suspendió el proceso. Antes, la sala II en lo Contencioso Administrativo había frenado las actuaciones contra Herrera Molina, hasta tanto se dirima si puede jubilarse o no.

Cena informal

El viernes pasado, hubo una cena en la casa del jefe del bloque oficial, Roque Álvarez, a la que asistieron los peronistas Marcelo Caponio, José "Mellizo" Orellana, Fernando Juri, Alfredo Toscano, Alfredo Quinteros y Raúl Hadla; y el secretario de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares. Allí, algunos ventilaron su preocupación por los últimos fallos judiciales. Y consideraron que, si el PE sabía que el cuerpo recibiría un revés y no les avisó, la situación era grave. Aunque -según las fuentes- más complicado era aún el horizonte si habían fallado los supuestos "nexos" que tiene la Casa de Gobierno con Tribunales: el titular de la Corte, Antonio Estofán, y el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez.

Amado también fue consultado sobre aquella reunión, a la que no fue invitado. "Estuve conversando con Roque y me dijo que se habían juntado como cuando a veces termina una sesión y un grupo se reúne a cenar. Pero no hay enojo en el bloque", insistió el monterizo. Y agregó: "tampoco molesta el fallo en sí; a la Justicia hay que respetarla, y eso es lo que hacemos".

Ayer hubo desayuno en la casa de Alperovich. Un dirigente que estuvo allí relató que los legisladores Dante Loza, Iván Llorens Dip, Guillermo Gassenbauer y Amado estallaron en risas cuando alguien le preguntó a Álvarez si tenía pensado hacer un asado "para todos los integrantes de la bancada".

Más allá de las "chicanas", hay varios parlamentarios preocupados. Y la lista oficial de candidatos a diputados nacionales para este año es otro tema que los desvela. De hecho, muchos peronistas cuestionan que La Cámpora reciba un lugar. "Ellos tienen celos porque nosotros participamos de un proyecto político; no tenemos obediencia con nadie", respondieron desde el movimiento K.

Texto derribado

El año pasado, el bloque oficialista sancionó una ley para que el Instituto de la Vivienda pudiera hacer contrataciones directas -sin topes de tiempo ni dinero- para construir módulos. Según fuentes del oficialismo, el proyecto no tenía consenso total en el PJ. De todas maneras, se decidió convertirlo en ley. Más tarde, el PRO planteó su inconstitucionalidad y la Justicia derribó el texto. Este año, el alperovichismo sancionó una norma similar, aunque con fundamentos más sólidos y numerosos que los de 2012.

¿En el PJ se alza la mano por convicción, o se obedece una directiva a riesgo de quedar expuestos? Amado asegura que está en el grupo de los primeros. "Hago una salida diaria con el gobernador; ahí te das cuenta de lo urgentes que son las cosas", dijo el monterizo.

Los asuntos que en 2012 hicieron ruido en la bancada del PJ, hoy, pasaron a segundo plano. La vicepresidencia segunda del cuerpo, vacante desde la salida por licencia de Armando Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular), y la reforma de la Carta Magna quedaron postergados hasta los comicios nacionales de octubre. Hoy, la preocupación en la Legislatura es no exponerse otra vez a críticas y a fallos judiciales adversos por errores que consideran ajenos.